por ADEM | Jun 23, 2021 | Alcaldía de Medellín, Sindical
COMUNICADO 004
INCREMENTO SALARIAL 2021
Con respecto al incremento salarial del año 2021 para los Servidores Públicos del Municipio de Medellín, informamos que el día de ayer martes 22 de junio, se inició en firme la Mesa de Negociación Nacional. Por ende, aún no se tiene el aumento Salarial Nacional del cual depende el real incremento salarial del municipio de Medellín. Desde nuestra asociación estaremos atentos de cómo fluya dicha negociación para seguir informando sobre sus avances.
por ADEM | Jun 2, 2021 | Sindical
Este miércoles, en rueda de prensa, será presentada la estrategia “A movilizar la palabra”. Se trata de un conjunto de acciones que pretende recoger problemáticas, necesidades y propuestas en todo el país. Esta iniciativa es impulsada por más de 50 organizaciones y plataformas de la sociedad civil que se han sumado hasta el momento. Además, cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, de la Pastoral Social y de otros actores internacionales.
“A movilizar la palabra” surge en las asambleas populares, territoriales y sectoriales que se han venido desarrollando en el marco del Paro Nacional que se realiza desde el 28 de abril. En esas asambleas han surgido distintas razones para protestar y según la presentación de la iniciativa, todas esas voces deben ser protagonistas por encima de concepciones ideológicas. “Sabemos que escuchar las voces de protesta del pueblo plural que emerge es fundamental, y que el momento de consultar, dialogar y representar, ¡es ya!” dice la comunicación.
La iniciativa “A movilizar la palabra” buscará construir espacios de confianza y de diálogo para recoger y consolidar los mandatos de la ciudadanía y llevarlos a los entes gubernamentales. Además, la estrategia pretende ser el “diálogo más amplio y generoso de la última década” llegando a diversos sectores a través de la tecnología, las redes sociales y el voz a voz para recoger todas las indignaciones que hay en el país.
“A movilizar la palabra” y su propuesta metodológica
La iniciativa “A movilizar la palabra” que será presentada este miércoles ya tiene una propuesta metodológica. La misma fue formulada por el colectivo de educadores populares de la UPN encabezado por el profesor Alfonso Torres y retroalimentada por los procesos y colectivos que impulsan la iniciativa.
Con la propuesta metodológica se pretende cumplir los objetivos que se ha trazado la iniciativa. Además, será más fácil la sistematización de la información para poder entregar las demandas a quien corresponda.
La ruta metodológica de “A movilizar la palabra” pretende hacer todo el proceso en un mes. Este tiempo ya está corriendo y este miércoles cumplirá con uno de sus primeros pasos; la presentación de la propuesta y de la iniciativa. Después, del 4 al 20 de junio se pretende realizar consultas territoriales y sectoriales. De la misma manera, del 19 al 24 de junio se consolidará la agenda municipal y finalmente, del 28 al 30 de junio se posicionará la agenda en los espacios de negociación con el gobierno nacional.
Con la iniciativa “A movilizar la palabra” la movilización social continua y se apresta a recoger propuestas. Además, está abierta a que lleguen nuevos actores y a seguir construyendo para que sus acciones den verdaderos frutos en pro del bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.
TOMADO DE: Escuela Nacional Sindical ENS – https://www.ens.org.co/
por ADEM | Ene 25, 2021 | Sindical
230 organizaciones, redes sociales y políticas y más de 600 personas firmaron una carta dirigida al Gobierno Nacional y al Congreso. La comunicación se da en el marco de la segunda ola de la pandemia que exige medidas urgentes para enfrentar el Covid-19.
La carta contiene tres puntos que para las organizaciones y personalidades son importantes: Renta básica para sobrevivir, cuarentena para prevenir y vacunas ya para no morir. Dice que ni el Gobierno Nacional ni el Congreso han adoptado la renta básica que garantice un salario mínimo para los más desprotegidos. Además, aseguran que son fundamentales las medidas de restricción de la movilidad y sobre la vacuna piden claridad y que el Gobierno Nacional garantice el acceso a la misma.
Comunicado completo de las organizaciones y personalidades
Colombia, 19 de enero de 2021
Ante la segunda ola de la pandemia se necesitan medidas eficaces e integrales para enfrentar la pandemia, prevenir su expansión y sobrellevar la crisis de salud, social y económica que vive el país. Es por esto que 230 organizaciones y redes sociales, políticas y académicas y 600 personalidades del país abajo firmantes exigimos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República las siguientes medidas para ser aplicadas en el menor tiempo posible:
- Renta Básica para sobrevivir – Mientras que algunos países en el mundo adoptaron medidas sociales para mitigar los efectos de la pandemia entre el segundo y tercer mes, en Colombia han pasado más de 10 meses y ni el Gobierno Nacional ni el Congreso de la República han aprobado una Renta Básica de emergencia. La Renta Básica es una medida que protege la salud, inyecta recursos a una economía en caída libre y devuelve derechos básicos a 9 millones de hogares vulnerables, golpeados por el empobrecimiento, el desempleo y el endeudamiento, todo esto profundizado por la crisis generada en el marco de la pandemia. Un salario mínimo mensual como Renta Básica es una medida urgente, necesaria y viable económicamente, para no morir de hambre en la cuarentena.
- Cuarentena para prevenir – El aumento de muertes por Covid-19, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sin disponibilidad, la falta de dotación y salarios del personal de salud y la especulación con el abastecimiento de medicamentos básicos, son evidencias del no aprovechamiento de los meses pasados para fortalecer adecuadamente el sistema de salud, por lo que está al borde del colapso. Para disminuir la presión sobre el sistema hospitalario es fundamental romper la cadena de transmisión, aumentando el número de pruebas realizadas, haciendo cercos epidemiológicos efectivos y quedarse en casa, por lo que vemos necesario que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales mantengan las medidas que restringen la movilidad de colombianos y colombianas en todo el país. Estas medidas deben ser promovidas respetando a cabalidad los derechos humanos en todo el territorio nacional y sin que esto represente la militarización de la vida. Asimismo, pedimos condiciones laborales y de contratación digna, para garantizar la asistencia sanitaria efectiva, lo que implica salarios justos y equipos de bioseguridad para el personal de salud.
- Vacuna ya para no morir– Por las redes sociales, medios de comunicación masivos y canales institucionales circula todo tipo de información sobre la vacuna que ha generado confusión sobre el conjunto de la población colombiana. Nos sorprende y preocupa cómo en varios países de la región el proceso de vacunación ya inició hace varias semanas mientras en Colombia no existe claridad sobre los contratos, no hay transparencia sobre el proceso, no hay una fecha de vacunación y tampoco un sistema que garantice la equidad en el acceso a la misma. Es necesario también conocer la estrategia de distribución dentro de país sin que se discrimine a las comunidades rurales o en pobreza. Por lo anterior, se hace URGENTE que el Gobierno nacional garantice el acceso inmediato, equitativo y transparente a la vacuna.
TOMADO DE: Escuela Nacional Sindical ENS
por ADEM | Ene 18, 2021 | Sindical
El pasado 05 de enero el Gobierno Nacional expidió el decreto 003 de 2021. Por medio de este “se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana». El decreto 003 del 2021 es la respuesta a la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre de 2020.
Esta sentencia se dio como respuesta a una acción de tutela instaurada por organizaciones y apoderados de las víctimas de la violencia policial en el Paro Nacional del 2021. El fallo ordenó al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”.
La mesa se realizó entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020. Durante ese tiempo, accionantes y ciudadanos discutieron y analizaron un conjunto de generalidades sobre la actuación de la policía en las protestas.
Las discrepancias con el decreto 003 del 2021
Organizaciones como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, Dejusticia, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – DH, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP y Humanidad Vigente dieron a conocer 5 críticas al decreto 003 del 2021.
Dicen en su comunicado que “algunos puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial en su labor de atención a manifestaciones públicas, en procura de una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y de la protección a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y el debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho.”
- En primer lugar, los accionantes rechazamos que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo, desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, y que a nuestro juicio resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública, tales como las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el Director General de la Policía Nacional y que establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente. Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica.
- De igual forma rechazamos que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones. En este punto nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía, así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan con el fin de coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales, como lo permite el Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Confirmamos a su vez que en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones.
- En la mesa de trabajo encontramos obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones.
- Por último, rechazamos que el Gobierno nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la aplicación de capturas, traslados por protección y traslados para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetas a estas medidas.
Las organizaciones consideran que los aspectos anteriores son importantes para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta. Aseguran que son indispensables para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada.” Dice la comunicación de las organizaciones.
También denuncian que la oposición del gobierno a discutir y debatir estos temas “es una grave cortapisa a la efectividad del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.”
Finaliza la comunicación diciendo que: “La democracia colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas por parte de las autoridades, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de setenta años de historia política han sido excluidas y estigmatizadas.”
Tomado de: Escuela Nacional Sindical ENS
